Ante el anuncio del Consejo de Estado de negar la medida cautelar de suspensión provisional del proceso de enajenación de las acción que la Nación posee en Isagen, la senadora liberal Sofía Gaviria, solicitante de las mencionadas medidas, manifestó su inconformidad.

“Lamento el desacierto del Consejo de Estado, al desconocer los argumentos contundentes que hemos presentado para suspender esa venta y al no oír el clamor de muchas organizaciones sociales que se han pronunciado repetidamente contra esa transacción”, declaró la parlamentaria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

Las medidas cautelares que ha negado el Consejo de Estado habían sido solicitadas por doce parlamentarios, de seis partidos políticos, que, en el pasado mes de junio, presentaron demanda para anular el decreto que permite la venta de la empresa.

Según la senadora Gaviria, quien tuvo la iniciativa de interponer dicha acción, la demanda tiene dos argumentos básicos: “que el Gobierno está faltando al principio de veracidad y claridad que debe acompañar las motivaciones de esta venta, y que el Gobierno, al defender esta enajenación, está faltando a los principios de contratación que promulga la Ley 80, especialmente los de transparencia, responsabilidad, planeación y economía”.

Gaviria Correa, quien ha movilizado a la mayoría de partidos con asiento en el parlamento, para protestar por lo que ella considera una transacción que perjudica los intereses económicos, sociales y ambientales de la Nación. En este último punto, la congresista ha insistido en que, tras esta venta, se verían amenazados los recursos hídricos de los seis mayores embalses del país y las 23.000 hectáreas que controla Isagen, en algunos de los lugares más biodiversos del planeta.

La senadora, citante del debate de control político al Ministro de Hacienda, respecto de la venta de Isagen, que tuvo lugar en el pasado mes de mayo y autora de la constancia firmada por 80 senadores para rechazar la venta de Isagen, resaltó la trascendencia de la energía como un producto y un servicio de necesidad universal, que debe ser controlado y protegido por el Estado, tal como lo establece la Constitución del 91.

La parlamentaria confió en que, en vez de continuar con el propósito de enajenar a Isagen, uno de los principales patrimonios de todos los colombianos, el Gobierno logre ponderar las 22 estrategias que se le han presentado a este, para que, en aras de impulsar la conectividad del país, no sea necesario desprenderse de una empresa de desempeño administrativo ejemplar, que, desde su fundación, ha generado significativas ganancias a la Nación.

 Los autores de la denuncia que busca anular el decreto que autoriza la venta de Isagen son los senadores Sofía Gaviria Correa, Viviane Morales y Horacio Serpa, del Partido Liberal; Antonio Navarro, Jorge Iván Ospina, Claudia López y Jorge Eliécer Prieto, de la Alianza Verde; Jorge Enrique Robledo y Alexander López, del Polo Democrático Alternativo; Iván Duque, del Centro Democrático; Mauricio Aguilar, de Opción Ciudadana, y Luis Evelis Andrade, del Mais.